AGENDA DE TRANSFORMACION DE LA ADMINISTRACION POST COVID19 (1)

Vienen nuevos Fondos Europeos de reactivación y reconstrucción y nos pilla a pie cambiado y mal gestionando aún los fondos anteriores FEDER Y EDUSI, cuyos proyectos deberían estar teóricamente finalizados en 2020 y aún no llegamos al 60 % de ejecución y al 35 % en la certificación de esos gastos, según la valoración realizada recientemente por Manuel Hidalgo . ¿Qué nos está pasando?. ¿Estamos preparados para gestionar esos nuevos fondos de reconstrucción?.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, necesita efectivamente, como reconoce la vicepresidenta del gobierno, una reforma y modernización urgente de la administración pública. Ya era hora , pensamos algunos, desde el profundo escepticismo de haber vivido otros intentos similares en el pasado reciente, como recuerda certeramente aquí Conchi Campos, haciendo referencia a la ley de modernización de gobiernos locales (2003) y a la también frustrante Comisión para la Reforma de las administraciones Públicas (CORA), que con más buenas intenciones que resultados se impulsó también desde otra vicepresidencia del gobierno de España.

Efectivamente, la modernización y transformación que ahora nos exige el Plan de Recuperación y Transformación, viene dada por la cruda realidad de constatar que las Administraciones no somos capaces de gestionar ni los presupuestos que tenemos, que además, dada la actual fragmentación política, en la mayoría de los casos ni se llegan a aprobar, generalizándose alegremente las prórrogas presupuestarias, otro autentico infierno para los gestores a la hora de cuadrar y ajustar las cuentas públicas. Ahí están como prueba las ridículas cifras de ejecución presupuestaria que año tras año –desde 2017/18 aproximadamente- podemos observar en nuestras administraciones públicas, incluidos los ayuntamientos, que pese a ser los únicos cumplidores con el déficit, resultan los más perjudicados en los tortuosos sistemas de Control Interno establecidos. Eso explica también las desmesuradas cifras de superavit en algunos casos, que no son debidos a la buena gestión, sino a tener mucho mejor afinados y estabilizados –afortunadamente al menos- los procesos de ingresos que los de gastos.

Pero no solo es la incapacidad de gestionar el presupuesto –que quizás es la madre del cordero de todo esto- sino que derivado de ello, somos incapaces de satisfacer el interés general y las necesidades ciudadanas. La crisis del COVID19 nos enfrenta a la cruda realidad de observar  el colapso administrativo en algunas oficinas públicas tras el confinamiento, de ver cómo las personas que necesitan con urgencia servicios sociales básicos, el desbloqueo del pago de los ERTES, o la recepción de la nueva prestación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), se encuentran algunas oficinas cerradas a cal y canto, con una interoperabilidad entre Administraciones que apenas funciona para comprobar los datos del Padrón. Mientras tanto encontramos una Administración Electrónica lejos de estar implantada en los términos que ya habían previsto las leyes 39 y 40/2015, con unos servicios telemáticos bajo mínimos, porque el legislador parece vivir en la inopia – o quizás en Babia, como los reyes de León – creyendo que por dictar las leyes las cosas ya está solucionadas. El resultado es frustrante, si bien hay que decir que en esto, como en otras cosas, “no todos son iguales”, y algunas administraciones han mostrado también notables capacidades de reacción y gestión.

Efectivamente , la reforma a fondo de la administración pública es condición necesaria, básica e imprescindible para tener éxito en la recuperación y transformación que el país necesita para salir de la crisis, evidenciada aún más por la pandemia del COVID19 .
Muchos actores intervinientes en estos procesos llevamos años defendiendo que la reforma no tiene que ver solo con cambios legislativos, sino sobre todo con cambios en el sistema de gestión de las Administraciones y organizaciones públicas. Pero ¿cómo articular entonces esa agenda de transformación?. Encontramos al menos 5 ejes sobre los que pivotar y trabajar a fondo en el periodo inmediato:

1.- Rediseño organizativo, resiliente a los cambios políticos y que tenga en cuenta la nueva realidad de fragmentación política estructural con la que tendremos que convivir: los gobiernos de coalición. Sistemas de coordinación política y administrativa que faciliten la gestión de esa fragmentación.

2.-Reformas de simplificación normativa y del procedimiento administrativo. Tal y como está la actual ley 9/2017 de contratos del sector público o el RD 424 de Control Interno en las entidades locales, resultará materialmente imposible gestionar los presupuestos actuales y los fondos europeos que vienen. Jaime Pintos apunta aquí algunas buenas ideas al respecto.

3.- Digitalización de las instituciones y la sociedad. Factor clave y nuclear de la innovación pública y máxima prioridad en la pandemia, pero no el único. Tiene que avanzar en paralelo en las organizaciones y la sociedad civil para evitar y gestionar la brecha digital. No basta con legislar, hay que gestionar e implantar esos cambios y para eso faltan técnicos con nuevos perfiles y directivos públicos profesionales.

4.-Rejuvenecimiento de la administración, sin perder el talento existente. Gestionar el relevo generacional, manteniendo el conocimiento e incorporando con agilidad y flexibilidad (Gorriti) nuevas cohortes de funcionarios jóvenes, aprovechando las numerosas vacantes por jubilaciones en los próximos años. Crear nuevos perfiles profesionales adaptados a la digitalización, promocionando y recualificando a los existentes, sin perder de vista el necesario dialogo social. Sobre el Talento público tras el corona shock, Oscar Cortés y Rafael Catalá nos dejan un buen recetario en el reciente estudio del Observatorio público de Esade.


5.- Colaboración público privada y cooperación público social . El sector público tendrá que dimensionarse adecuadamente para liderar la transformación, pero no será posible una respuesta ágil a los nuevos retos de la transformación digital y la reactivación económica y social, sin una colaboración estable y sistemática con organizaciones privadas y sin una cooperación también estable con organizaciones del 3ª sector , conocedoras de la problemática social y con la capacidad y flexibilidad de intervención de la que carecen las organizaciones públicas.

Todo esto no basta con enunciarlo. Necesita un plan diagnosticado y aterrizado en cada Administración y necesitará también una evaluación posterior. Pongámonos a ello…

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