Este Gobierno va a tener muchas dificultades para gobernar, valga la redundancia. 

Como señalaba recientemente Victor Lapuente , representar tantos intereses contrapuestos incluidos en la coalición de partidos que le apoyan, hará difícil sacar adelante cualquier proyecto legislativo sin incordiar a ninguno de los socios. Por mucha que sea la cintura o la audacia del Presidente actual, o por más que se muestre cada vez más dúctil y maleable (o perverso según algunos), la distancia ideológica entre Bildu y Podemos de un lado y PNV o sobre todo Junts por el otro, es en algunos temas cuasi sideral. Por eso me atrevo a dar un consejo al Presidente, que haciendo una vez más de la necesidad virtud, se dedique cada vez más a gestionar y no se preocupe tanto de legislar.

Si gobernar es “mandar o dirigir” un país o una colectividad (RAE), la primera acepción nos remite más a impulsar la producción normativa (nuevas leyes u órdenes de mando), mientras que la de dirigir remite más a la “guía y dirección operativa de la nave”, es decir, a la gestión cotidiana del país. Y dado que los últimos periodos han sido prolíficos en órdenes, normativas y mandatos legislativos, convendría por fin dedicarse con afán e intensidad renovada a hacer que esas normas se cumplan, es decir, a GESTIONAR -con mayúsculas-, por más que a algunos de nuestros dirigentes les parezca una tarea menor, cuando en buena medida es realmente lo sustantivo de la función del Gobierno, ya que legislar es cosa del Parlamento.  

Pondré tan solo un par de ejemplos, para que se entienda lo que quiero decir:

Ingreso Mínimo Vital (IMI). Según la Asociación de directoras y gerentes de servicios sociales, en el primer año de aplicación, solo el 8 % de las personas que viven bajo el umbral de la pobreza en España recibieron el IMI. No se llegó a ejecutar ni la mitad de la partida presupuestaria y 3 de cada 4 solicitudes fueron rechazadas por la complejidad del procedimiento y los exigentes requisitos. A esto me refiero cuando hablo de gestión. 

 Me consta que en el 2º y siguientes ejercicios ha mejorado, pero aun así me pregunto ¿son adecuados los mecanismos de coordinación con CCAA y Ayuntamientos? ¿son comprensibles por los usuarios los actuales procedimientos? ¿está bien diseñado el proceso para acceder a la prestación o se podría simplificar sin exigir tantos requisitos previos?  ¿podríamos comprobar internamente estos requisitos sin exigir la documentación al respecto?. De todo esto hablamos cuando hablamos de gestión.

Cita previa. Según un reciente informe de la OCU, tras lanzar más de 1.800 peticiones de cita para seis trámites administrativos muy comunes en diferentes ciudades (fe de vida, pensión de jubilación, subsidio de paro, cambio titularidad DGT, renovar el DNI y certificado de antecedente por delito sexual) en uno de cada 3 intentos no hay disponibilidad de cita, y en los que hay se ha de esperar como media 15 días o desplazarse a otra ciudad.

Tenemos sobradas evidencias de que tras la pandemia se ha complicado mucho resolver algunos trámites con la administración, cuando no se ha convertido en misión casi imposible, sobre todo para ciudadanos con brecha digital.  Recurrir a gestorías -es decir, pagar por un trámite administrativo gratuito- se ha convertido en ocasiones en el único recurso para muchos ciudadanos antes de perder su acceso a determinadas prestaciones a las que tiene derecho por ley. No estoy en contra la cita previa, que bien gestionada es un instrumento para mejorar la racionalidad y eficiencia de cualquier organización; estoy hablando de gestión y no de legislación.    

Así podríamos seguir poniendo ejemplos, si hablamos de la ley de dependencia,  22.311 personas han fallecido esperando ser atendidas en 2023 y el tiempo medio de espera para recibir una prestación era de 324 días en octubre de 2023 .  Estamos nuevamente ante problemas de gestión.

La últimas legislaturas, y no solo en la COVID 19, han sido muy inflacionistas en normativa, en muchas ocasiones novedosa, pero casi siempre con notables dificultades de aplicación. De este modo, cual isla de coral, se superponen leyes y decretos y así nos va. Mucha ley, poco desarrollo y escasos medios para hacerlas cumplir, por más que las propias normas se curen en salud con frases del tipo  “ … y se deberá disponer de todos los medios personales y recursos necesarios para llevarlas a cabo” (ley 2/2023 de 20 de febrero de protección del informante),  y con esa frase se quedan más anchos que largos nuestros legisladores. Allá os las apañéis, queridos gestores.

Mientras tanto, escuálidas administraciones envejecidas se muestran incapaces tan siquiera de reponer los recursos humanos que se van jubilando (3 años de media se  tarda en negociar y convocar OPE, hacer pruebas y tribunales de selección y contratar e incorporar a los sufridos opositores, que llegan ya medio agotados), y mucho menos de planificar con antelación la incorporación de nuevos efectivos . Así van quedando unidades administrativas cada vez más anoréxicas, mientras se les exige la cobertura de nuevas necesidades o programas derivadas de las leyes aprobadas, recurriendo entonces a contratos, externalizaciones o interinajes al borde de los límites legales, que tarde o temprano acabarán en procesos de estabilización, que desestabilizan hasta los equipos y organizaciones más competentes.  

Así es que bienvenidos al mundo de la gestión, aunque sea más por obligación que por devoción.  Con mis mejores deseos para el Gobierno en 2024.   

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